
El general Juan Lavalle. Desde 1820, Rivadavia y los miembros de la
Sociedad Literaria lideraban el grupo porteño de los unitarios. En
diciembre de 1828, el general Juan Lavalle encabezó un levantamiento
militar contra el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, y los
unitarios porteños lo eligieron gobernador y lo reconocieron como jefe.
Algunos de los defensores más activos del unitarismo, después de 1828,
fueron Salvador Alaría del Carril, Juan Cruz Varela y Florencio Varela.
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Entre 1820 y 1852, diversos grupos sociales con proyectos
políticos diferentes se enfrentaron en los intentos por constituir un
Estado en las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La diferencia entre los proyectos enfrentados surgía —en
primer lugar de la forma de organización política que proponían para el
nuevo Estado: unos el centralismo y otros el federalismo. Por esto, es
conveniente precisar en qué consistía, jurídicamente, esa diferencia.
La organización política de un Estado puede adoptar,
básicamente, dos formas: el centralismo o el federalismo. En
el centralismo también llamado unidad de régimen , todos los niveles de
gobierno están subordinados al poder central. Además, un régimen
centralista generalmente unifica la legislación y la administración en
todo el país más allá de particularidades regionales o diversidades
culturales. El federalismo, en cambio, se basa en la asociación voluntaria
o federación de Estados o poderes regionales, que delegan algunas de sus
atribuciones para constituir el Estado o poder central.
Para
comprender mejor el período de la historia argentina estudiado, debe
descartarse la mal planteada antinomia entre porteños centralistas o
unitarios y provinciales federales. Federales y unitarios los hubo
tanto en las provincias interiores como en Buenos Aires.
Después de 1810, los pueblos de las provincias interiores
mostraron un fuerte localismo en defensa de sus intereses, que entraban
en colisión con los intereses de Buenos Aires. Más tarde, muchos
gobiernos provinciales comenzaron a declararse federales cuando
advirtieron que la centralización política fortalecía los históricos
privilegios de a ciudad puerto de Buenos Aires. La forma unitaria de
gobierno fue sostenida no sólo por grupos porteños sino también por os
grupos sociales del interior cuyos ingresos dependían de actividades
económicas relacionadas con el puerto de Buenos Aires, Se traté además de
una reacción de las más antiguas y poderosas familias que controlaban los
gobiernos provinciales frente al creciente poder de los nuevos jefes
rurales.
Todos los gobiernos provinciales que se declararon
federales también expresaron, unos en forma más explícita que otros, su
voluntad de constituir e país. Para ellos, la constitución era un
instrumento adecuado para terminar con los privilegios de Buenos Aires,
Una constitución federal podía respetar la autonomía provincial de Buenos
Aires y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de todas las provincias
a participar en la distribución de los ingresos del puerto de Buenos
Aires, a través de un Estado central.
De acuerdo con los principios doctrinarios, los federales
se oponían a un régimen de gobierno unitario en defensa de las autonomías
provinciales. Pero en la provincia de Buenos Aires, la defensa de la
autonomía provincial s transformó en una justificación para no ceder la
ciudad y el puerto de Buenos Aires a un Estado central.
Por esta razón, entre los federales se distinguieron dos
grupos: los federales doctrinarios y los autonomistas bonaerenses. Estos
últimos se enfrentaron tanto a los unitarios como a los federales
doctrinarios.
Desde
1828,
el autonomísmo de Buenos Aires se fue identificando cada vez más con Juan
Manuel de Rosas —representante de los intereses de tos hacendados y
terratenientes de la provincia—. Desde su gobierno sostuvo que antes de
organizar la federación las provincias debían mejorar sus respectivas
administraciones, y evité nuevos intentos de constitución de un Estado
central, En la práctica, la ciudad y el puerto de Buenos Aires continuaron
siendo el centro organizador de la economía y de a sociedad del nuevo
país. Y los gobiernos federales de las provincias del Litoral y del
interior siguieron reclamando al gobierno federal de Buenos Aires la libre
navegación de los ríos y aranceles de aduana que protegieran sus
industrias locales.
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